Numerosos pueblos han aprobado normativas para limitar el vertido de los purines de las macrogranjas. Los agricultores que los utilizan como abono, alegarán contra ellas.
La normativa estará expuesta al público durante los próximos 30 días para que los ciudadanos la revisen y presenten alegaciones si lo consideran oportuno.
El Defensor del Pueblo destaca varias ilegalidades cometidas por la Alcaldía pricense, según consta en el informe al que ha tenido acceso este periódico.
Los concejales de la oposición critican que la tramitación se haya retrasado más de un año porque la alcaldesa tuvo “paralizado el expediente”. Si no hay alegaciones, la ordenanza quedará aprobada.
La normativa, impulsada por un grupo de vecinos de Priego que quieren limitar el impacto de las macrogranjas, lleva atascada en el ayuntamiento desde hace un año.
Este fin de semana, muchos pricenses han dejado sus críticas en las redes sociales por el olor “repugnante” que llegaba hasta el pueblo.
Los dos principales grupos de las Cortes castellanomanchegas se opusieron a las medidas planteadas por Podemos y la Plataforma Stop Macrogranjas.
