Trabajadores de los Servicios Sociales de Priego denuncian que la Junta ha “paralizado” las ayudas contra la pobreza

Más de una quincena de trabajadores de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, tres de los cuales pertenecen al área de Priego, han firmado una carta en la que denuncian que, “por falta de presupuesto”, el Gobierno regional ha “paralizado” y “suspendido” algunos de los programas con los que se ayuda a personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social.

“Durante los últimos meses se han interrumpido prestaciones económicas básicas como son las Ayudas de Emergencia Social (AES), los Ingresos Mínimos de Solidaridad (IMS) y la paralización y recorte del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)”, advierte este grupo de trabajadores, que recuerda que estos recortes se han producido a pesar de que en el último año ha aumentado el número de castellanomanchegos que viven en situación de pobreza. La región de Castilla-La Mancha, añaden, tiene unos niveles de pobreza que están por encima de la media nacional.

“La Junta de Comunidades tiene unos pocos instrumentos que ayudan a las familias a afrontar estas situaciones, pero en el presente año [2019] han sufrido una paralización alarmante”, aseguran los denunciantes, que señalan como “culpable de esta situación” al Gobierno que preside el socialista Emiliano García Page, de quien “cabría esperar que pusiera gran interés en atender a esta población en sus necesidades actuales”.

Por otra parte, los firmantes de este comunicado público afirman que la Junta ha llevado a cabo estos recortes “sin informar debidamente a las y los técnicos competentes en Atención Primaria, los cuales hemos sido conocedores a posteriori y sin ninguna explicación razonable”. Los trabajadores de Servicios Sociales consideran que esta situación es “humillante” para los ciudadanos, y también para los profesionales del sector, pues muchos de ellos tienen la sensación de estar gestionando “limosnas oficiales”.


Carta de opinión: “El escaparate de los servicios sociales en Castilla-La Mancha: prestaciones sin presupuesto y limosnas”

Las y los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria de la provincia de Cuenca abajo firmantes queremos expresar nuestra indignación ante la situación actual de los Servicios Sociales tanto en la provincia como en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ya que durante los últimos meses se han interrumpido prestaciones económicas básicas como son las Ayudas de Emergencia Social (AES), los Ingresos Mínimos de Solidaridad (IMS) y la paralización y recorte del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) incluso con horas libres y disponibles en los convenios municipales.

En Castilla La Mancha, según el informe AROPE (Indicador que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social según la Estrategia Europea 2020), en el año 2018 la tasa de pobreza severa en Castilla-La Mancha es del 7,1%, 1,4 puntos por encima de la media nacional. Si a esa cifra le sumamos las personas que viven en situación de pobreza, tenemos un resultado del 29,9% de la población de Castilla-La Mancha. Esa cifra son 606.601 personas. Este indicador se sitúa un 8,4% más elevado que la media de España y es el cuarto más elevado de todas las comunidades autónomas, habiendo crecido un 1,8% en el último año.

Si nos fijamos en el Informe FOESSA, instrumento que mide las condiciones de vida en España con absoluto rigor, la población en Castilla-La Mancha que vive en situación de exclusión severa es de un 6,3% y en exclusión moderada un 9,9%. En total, un 16,2% de la población castellano manchega (328.342 personas) se encuentran en situación de exclusión social. El mismo informe habla de una media nacional del 33,2% de la población que vive en una situación de integración precaria (en riesgo de exclusión, con la incertidumbre y ansiedad que ello conlleva).

Teniendo en cuenta estos datos, cabría esperar que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha pusiera gran interés en atender a esta población en sus necesidades actuales, así como en prevenir la deriva de las situaciones de riesgo de exclusión social. En una sociedad donde la distancia entre quienes tienen más y quienes cada vez tienen menos sigue aumentando de forma alarmante, cualquier gobierno que estuviera preocupado por todos sus habitantes haría lo imposible por atenderlos y cuidarlos, proporcionando las herramientas necesarias a sus profesionales para que, mediante los diferentes sistemas de protección social se pudieran ir limando esas diferencias sociales insultantes.

Cuando otros sistemas de protección como el del empleo, vivienda, sanidad, educación, etc., no son capaces de atender las necesidades de la población y dejan cada vez a más gente desprotegida, el último recurso para estas personas son los Servicios Sociales como sistema digno de protección y promoción social. Si a los Servicios Sociales no se les dota de profesionales, prestaciones y recursos suficientes y adecuados, solamente queda la caridad y la beneficencia para atender a las personas en situación de pobreza y exclusión social, algo que debería estar superado ya hace décadas y que tristemente cada vez está más presente en la sociedad.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene unos pocos instrumentos que ayudan a las familias a afrontar estas situaciones, pero en el presente año han sufrido una paralización alarmante: el Ingreso Mínimo de Solidaridad, cada vez más lejos de parecerse a una Renta Básica, tal y como prometía el Gobierno regional, ha sido bloqueado desde septiembre para el acceso a nuevos beneficiarios, y las Ayudas de Emergencia Social se quedaron sin presupuesto en el mes de junio, tras lo cual se amplió unos meses después de manera insuficiente, ya que no cubría todas las solicitudes pendientes ni las nuevas, por lo que dichas solicitudes (que tienen detrás una familia en situación de pobreza y/o exclusión) se encuentran en suspenso o denegadas por falta de presupuesto. La única opción que nos quedó a las y los profesionales era la tramitación de las ayudas de Pobreza Energética (con un máximo de dos pagos anuales de 150 euros), algo que resulta completamente humillante tanto para las personas en situación de necesidad económica como para las y los profesionales de Servicios Sociales, ya que, en consideración de muchas y muchos de nosotros, no deja de ser algo parecido a gestionar limosnas oficiales.

Cabe destacar que estas paralizaciones y suspensiones por falta de presupuesto, incluida la paralización de nuevas altas del Servicio de Ayuda a Domicilio en el mes de septiembre, se han llevado a cabo por el Gobierno regional sin informar debidamente a las y los técnicos competentes en Atención Primaria, los cuales hemos sido conocedores a posteriori y sin ninguna explicación razonable, lo que nos genera una situación de incertidumbre y conflicto con los usuarios y las usuarias de Servicios Sociales, ya que somos desconocedores de los motivos por los que esto se ha llevado a cabo, pero somos las y los profesionales de referencia a los que acuden, lo que ha supuesto también una pérdida de confianza en la institución y en el sistema por parte estos usuarios de Servicios Sociales. En este año se han reducido drásticamente los plenarios (reuniones informativas a los técnicos de atención primaria), y en esta provincia no se ha realizado ninguno para informar de estos últimos recortes, cuando en otras provincias sabemos que si se han realizado.

Todo esto en medio de una realidad que nos aplasta. Quienes estamos desarrollando nuestra labor en los municipios más pequeños y despoblados de Castilla-La Mancha somos conscientes de que la brecha entre los derechos de los residentes en dichos municipios y los de los que viven en ciudades o grandes poblaciones es cada vez mayor en los términos de acceso a prestaciones y recursos de los que hablan las leyes. En los municipios más pequeños no hay apenas alternativas ni recursos que ofrecer a la población, por lo que estos recortes y paralizaciones, les afectan mucho más.

Ya va siendo hora de señalar al Gobierno regional como culpable de esta situación, por ser el responsable de estas políticas, ya que, de lo contrario, las personas que se encuentran en situación de pobreza y/o exclusión y las que están cerca de estarlo, en demasiadas ocasiones se dejan llevar por otros discursos que, desde el odio al diferente y a lo desconocido, señalarán como culpable de su situación a cualquier vecino que no consideren igual que ellos.

Por todo esto, exigimos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que dote de recursos económicos suficientes a las prestaciones destinadas a paliar situaciones de pobreza y/o exclusión social (IMS y AES) y a los servicios básicos que fijan población y generan empleo, y son el único recurso público en muchos municipios de Castilla-La Mancha (SAD), recurso que sin el presupuesto autonómico no pueden gestionar los municipios con escasa población. Estos recursos y prestaciones deben poder gestionarse durante todo el año, y en cantidad y cuantía suficiente como para ser un instrumento útil a las familias de Castilla-La Mancha que los necesiten.

En Cuenca, a 26 de Diciembre de 2019.

  • Virginia Hernández Pérez. Trabajadora Social PRAS Villalba del Rey. Área Campos del Paraíso.
  • Raquel Iniesta Sierra. Trabajadora Social PRAS Talayuelas. Área Landete.
    Mercedes Viñuelas Escutia. Trabajadora Social PRAS Huete. Área Campos del Paraíso.
  • Carolina Jimenez Muñoz. Trabajadora Social PRAS Priego. Área Priego.
  • Esmeralda Iglesias Pino. Educadora Social Área Campos del Paraíso.
  • Quintina Martinez Millán. Trabajadora Social PRAS Campos del Paraíso. Área Campos del Paraíso.
  • Mónica Muñoz Merchante. Trabajadora Social Área Casasimarro.
  • Maria Carmen Navarro. Auxiliar Administrativa Área Casasimarro.
  • Inmaculada Buedo. Trabajadora Social PRAS Casasimarro. Área Casasimarro.
  • Estrella Sevilla. Educadora Social Área Casasimarro.
  • Ximo Azorín Azpeitia. Trabajador Social PRAS El Peral. Área Casasimarro.
  • Sonia Carretero Martínez. Educadora Social Área Priego.
  • Jessica Fernández Roque. Trabajadora Social PRAS Ledaña. Área Villalpardo.
  • Verónica Palacios Herranz. Trabajadora Social PRAS Beteta. Área Priego.
  • Esperanza Gonzalez Castillejo. Trabajadora Social Área Campos del Paraíso.
  • Pilar Martínez Escudero. Trabajadora Social PRAS Carboneras de Guadazaón. Área Cardenete.

(Fotografía de portada: Cruz Roja).

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