El Defensor del Pueblo asegura que la Junta aún no le ha enviado la información que le pidió sobre la privatización de la residencia de Priego

El Defensor del Pueblo asegura que la Consejería de Bienestar Social todavía no le ha remitido la información que le pidió el pasado mes de julio sobre la residencia de Priego, motivo por el que le pide ahora que se la envié con carácter “urgente”. Así consta en la carta que el Defensor del Pueblo ha enviado a Jorge Juan Orusco, promotor de las acciones que se llevaron a cabo contra la privatización de este servicio público. “Ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó a la consejería competente, se ha requerido la remisión urgente de la misma”, explica el defensor en esa carta.

En septiembre de 2018, Jorge Juan inició una recogida de firmas en internet pidiendo al Gobierno del socialista Emiliano García Page que no privatizara la gestión de la residencia de mayores de Priego. La campaña consiguió el apoyo de 911 personas y de varios partidos, sindicatos y colectivos sociales: Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista, Comisiones Obreras, Asociación Cuenca Ahora y Plataforma Sanidad Pública de Cuenca.

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Emiliano García Page y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en una imagen de archivo. | Fotografía: JCCM.

El manifiesto y las firmas fueron enviados a la Consejería de Bienestar Social, de la que es titular Aurelia Sánchez. Puesto que la consejera no respondió a las explicaciones que se pedían en el manifiesto, Jorge Juan denunció los hechos ante el Defensor del Pueblo. Pero, además, la denuncia de este ciudadano no se limitaba al silencio de la Junta, sino que se ampliaba “a todo el proceso constructivo, posterior abandono y negación de propiedad”, por lo que Jorge Juan adjuntó “certificaciones de obra, registros sobre la propiedad, convenios, adendas, escrituras notariales, actas municipales, firmas, manifiestos…”, según explicó él mismo en varios mensajes publicados en Facebook. El Defensor del Pueblo abrió expediente para investigar el caso.

El Gobierno regional no detuvo la privatización de este servicio público, que se acabó adjudicando a la empresa Aralia Servicios Sanitarios S.A. para el periodo 2019-2022 a cambio de 3,5 millones de euros.

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