La Fiscalía considera que no hubo delito en la tramitación de la ordenanza antipurines

La Fiscalía Provincial de Cuenca considera que el Ayuntamiento de Priego, bajo el mandato de Azucena Redruello, no cometió ningún delito al tramitar la ordenanza de gestión de purines. La normativa fue creada por un grupo de vecinos con el objetivo de limitar la cantidad de purines de macrogranja que se vierten en el término municipal de Priego, y llegó al ayuntamiento convertida en una iniciativa legislativa popular que recibió el apoyo de más de 220 pricenses.

El texto fue registrado en las oficinas del consistorio en marzo de 2018 y, siete meses después, aún no se había sometido a la votación del Pleno, paso imprescindible para su aprobación. Los promotores de la ordenanza preguntaron en varias ocasiones a la alcaldesa qué trámites se estaban llevando acabo, pero ésta nunca respondió, de modo que decidieron acudir a la Fiscalía Provincial para denunciar la “no tramitación” del texto.

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La exalcaldesa de Priego, Azucena Redruello, en una imagen de archivo. | Fotografía: Gabriel Arias.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Las Cuatro Esquinas, en noviembre de 2018 la fiscalía anunció que estaba investigando la posibilidad de que el Ayuntamiento hubiera cometido un “presunto delito de prevaricación”, para lo cual pidió, en primer lugar, un “informe” a la secretaria del Ayuntamiento sobre las actuaciones que se habían realizado para tramitar la ordenanza.

En mayo de 2019, tras recibir y analizar el informe elaborado por la secretaria, la fiscalía acordó archivar la investigación “al entender que los hechos no revisten carecteres de delito de conformidad con los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”, según consta en el decreto de archivo al que también ha tenido acceso este periódico.

Aunque la fiscal jefe observó “una situación de cierto conflicto en el desenvolvimiento ordinario de la gestión municipal”, no evidenció “inacción por parte de la gestión municipal” a la hora de tramitar la ordenanza, por lo que descartó “la concurrencia del delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal por inactividad”. Para que se pudiera imputar este delito al Ayuntamiento, la fiscalía tendría que haber comprobado que alguna “autoridad o funcionario” hubiera dictado una “resolución arbitraria” a sabiendas de que así lo hacía. En ese caso, el culpable podría ser “castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.

El Defensor del Pueblo fue contundente

Los vecinos que crearon la ordenanza también acudieron al Defensor del Pueblo, cuya investigación determinó que el Ayuntamiento había excedido el plazo máximo para tramitar la normativa: “En la fecha en la que esa Alcaldía ha emitido ese informe a esta institución [31 de enero de 2019] todavía no se había adoptado la correspondiente resolución que pusiese fin al procedimiento incoado al respecto. Esto supone que entonces ya se había excedido el plazo máximo previsto para ello en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Y, además, el Defensor del Pueblo también constató otra ilegalidad cometida por el Ayuntamiento, pues entre el 5 de septiembre de 2018 y el 31 de enero de 2019 no había celebrado ni un solo pleno ordinario, lo que “supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que dice que una de las reglas a las que ha de ajustarse el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones locales es la de que, en municipios de hasta 5.000 habitantes, deben celebrar sesión ordinaria como mínimo cada tres meses”.

En cualquier caso, las resoluciones del Defensor del Pueblo son meramente informativas y no tienen carácter vinculante, de manera que no pudo actuar contra el Ayuntamiento por estas ilegalidades.

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Manifestación celebrada en Priego contra las macrogranjas porcinas. | Fotografía: Juan Lozano.

Así fue la tramitación

Como ya se ha dicho anteriormente, la ordenanza fue impulsada a través de una iniciativa legislativa popular que quedó registrada en el ayuntamiento el 20 de marzo de 2018. Su tramitación empezó el 4 de abril de 2018, cuando la alcaldesa pidió un informe a la secretaria acerca de cómo se tramita una iniciativa popular. La secretaria respondió ese mismo día. Posteriormente, el 17 de abril, la alcaldesa le solicitó otro informe, pero en este caso preguntando si la iniciativa presentada cumplía todos los requisitos como para ser tramitada. La secretaria respondió, el mismo día 17, que, en efecto, la iniciativa de la ordenanza antipurines se ajustaba a las exigencias.

Sin embargo, la alcaldesa no quedó satisfecha, así que el 26 de abril acudió a los servicios jurídicos de la Diputación de Cuenca para que le explicaran cómo ha de tramitarse una iniciativa popular. Según explicó la secretaria en un pleno, la Diputación respondió el 6 de junio y no hizo sino corroborar lo que ella misma ya había dicho: “Vino a decir lo que dije yo en mi primer informe, que es cómo se tiene que tramitar una iniciativa popular, sin más. Cómo se elabora, cómo se solicita, cómo debe tramitarse, el procedimiento legal para su tramitación…”.

Desde el 6 de junio de 2018 hasta el 5 de septiembre no se produjo ningún avance en la tramitación. La alcaldesa se escudó, como tantas otras veces, en que durante este periodo no hubo servicio de Secretaría, pero cuando los concejales de la oposición desmintieron esta excusa, ella dijo que la secretaria no siguió tramitando la ordenanza porque había otros asuntos más importantes. Finalmente, el 5 de septiembre, Azucena dictó una resolución para que la ordenanza fuera votada en el siguiente pleno ordinario. Casualmente, al día siguiente iba a celebrarse un pleno ordinario, pero como la alcaldesa firmó esta resolución tan tarde, no hubo posibilidad de introducir este punto en el orden del día.

La siguiente sesión ordinaria no se celebró hasta abril de 2019, momento en el que fue aprobada la ordenanza por seis votos a favor y una sola abstención: la de la alcaldesa, que en varias ocasiones se ha mostrado a favor de las macrogranjas porque, a su juicio, generan prosperidad. Después, el texto fue sometido a un periodo de información pública, y ahora está a la espera de que el Pleno del nuevo Ayuntamiento decida si acepta o rechaza las alegaciones recibidas en su contra.

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Naves y balsa de purines de una macrogranja porcina. | Fotografía: Igualdad Animal.

Las Cuatro Esquinas se ha puesto en contacto con los vecinos que impulsaron la ordenanza y la denuncia ante la fiscalía, pero de momento no se ha recibido su reacción ante esta resolución de la justicia.

La ordenanza fue impulsada para hacer frente al auge de la ganadería intensiva ya que en Priego hay proyectadas tres macrogranjas, con capacidad para casi 20.000 cerdos, que generarían 42 millones de litros de purín. Esa cantidad sería utilizada como abono en el término municipal de Priego y en otros pueblos, lo que podría ocasionar contaminación del suelo, en los acuíferos, y malos olores, según denuncia Pueblos Vivos. En cambio, sindicatos como ASAJA consideran que algunas de estas ordenanzas son “abusivas” porque limitan una actividad que ya está regulada.

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