La ordenanza antipurines está a la espera de que se resuelvan las alegaciones recibidas

La ordenanza que limitará el vertido de purines procedentes de las macrogranjas porcinas todavía no ha entrado en vigor. El Pleno del Ayuntamiento de Priego la aprobó por mayoría absoluta el pasado mes de abril y, tras ello, quedó expuesta al público durante un mes (hasta principios de mayo) para que cualquier persona pudiera plantear contra ella las alegaciones que considerase oportunas.

Según ha sabido este periódico, al ayuntamiento llegaron varias alegaciones, motivo por el que la normativa sigue paralizada a día de hoy, ya que se necesita que el Pleno valore y vote a favor o en contra de dichas alegaciones. Esto no ocurrirá hasta que se celebre la próxima sesión plenaria, algo para lo que quizá ya no quede tiempo suficiente durante esta legislatura, que acabará el 15 de junio, cuando tome posesión la nueva Corporación.

Sea ahora, o sea después, ese pleno funcionará de la siguiente manera: la Alcaldía presentará las alegaciones formuladas contra la ordenanza, y a continuación los concejales tendrán que votar si las admiten o no, debiendo siempre justificar el sentido de su voto, algo para lo que quizá necesiten asesoramiento técnico. Si alguna de las alegaciones es admitida, el texto de la ordenanza podría sufrir modificaciones.

macrogranja

Única granja porcina construida, de momento, en el término de Priego. | Fotografía: Las Cuatro Esquinas.

La ordenanza, que limitará mucho el vertido de purines en el término municipal de Priego, fue creada por un grupo de vecinos del pueblo (entre los que hay varios candidatos de Juntos Por Priego) que la registraron en el ayuntamiento como iniciativa popular en marzo de 2018. La normativa tenía que ser aprobada por el Pleno, pero la Alcaldía retrasó su tramitación pidiendo informes sobre cómo proceder en este caso, y alegando que la secretaria tenía otros asuntos que tratar. Para denunciar esta dilatación del procedimiento, los promotores de la ordenanza recurrieron al Defensor del Pueblo, institución que comunicó al Ayuntamiento que incumplió la ley con varias de sus actuaciones, tal y como les ha informado Las Cuatro Esquinas.

Finalmente, el pasado 3 de abril la Alcaldía incluyó este asunto en un pleno ordinario. Votaron a favor seis concejales (Esther Parra –PP–, Isidro Guerrero, Salvador Martínez, Joaquín Canales, Luis Alberto Canales –PSOE– y Nicolás Cano –no adscrito a ningún grupo–), y la alcaldesa, que se ha declarado a favor de las macrogranjas, se abstuvo. No hubo votos en contra.

Si la ordenanza resulta finalmente aprobada y las alegaciones se rechazan o no modifican sustancialmente su sentido, entrará en vigor y supondrá un importante impedimento para el vertido de purines en el término de Priego. Los promotores destacan que, con la aprobación de esta norma, pretenden regular una actividad que consideran perjudicial para el medio ambiente y la salud humana. Por el contrario, desde el sindicato agrario Asaja aseguran que en varias localidades se están aprobando ordenanzas como ésta y que van más allá de las competencias de los Ayuntamientos, perjudicando los intereses de los agricultores. En consecuencia, anunciaron que alegarán contra los textos que consideren “abusivos”.

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