Fiscalía investiga si los retrasos en la tramitación de la ordenanza antipurines constituyen un delito de prevaricación

La Fiscalía Provincial de Cuenca está investigando si el Ayuntamiento de Priego cometió un delito de prevaricación al retrasar la tramitación de la ordenanza de gestión de purines procedentes de marcrogranjas porcinas. Como les ha informado este periódico durante las últimas semanas, esa normativa fue creada por un grupo de pricenses y quedó registrada en el ayuntamiento en marzo de 2018.

Según ha podido contrastar Las Cuatro Esquinas, siete meses después, en octubre de 2018, los promotores de la ordenanza acudieron a la Fiscalía Provincial de Cuenca para poner en su conocimiento “la no tramitación” del texto. La alcaldesa de Priego, Azucena Redruello, se negó en todo momento a explicarles en qué situación se encontraban los trámites de la ordenanza, que desde hacía muchos meses contaba con el visto bueno de la secretaria del Consistorio porque cumplía los requisitos formales.

Tras conocer los hechos, la fiscalía actuó de oficio e inició “diligencias de investigación (…) a fin de investigar el presunto delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal e infracciones conexas”.

Fachada Ayuntamiento

Fachada principal del Ayuntamiento de Priego. | Fotografía: Gabriel Arias.

Preguntada por Las Cuatro Esquinas, la Fiscalía Provincial de Cuenca no ha ofrecido más detalles sobre esta investigación: “Su solicitud excede lo que desde esta fiscalía se le puede comunicar”. Por su parte, el Ayuntamiento de Priego sí ha confirmado que se están investigando los hechos. Fue en el pleno del pasado 3 de abril, cuando la secretaria del Consistorio explicó a los concejales que la fiscalía le había requerido información, y que ella les había enviado todos los informes elaborados hasta la fecha. La alcaldesa, presente en el pleno, no hizo ninguna referencia a esta cuestión.

Un año de retraso

La ordenanza se registró en el ayuntamiento el 20 de marzo de 2018 como iniciativa popular, para lo cual hubo que presentar, además, 224 firmas que apoyaban esta normativa. Según la versión aportada por la Alcaldía, el 4 de abril la alcaldesa pidió un informe a la secretaria para que le informara de cómo se gestiona una iniciativa popular; la secretaria le respondió ese mismo día. Posteriormente, el 16 de abril, la alcaldesa preguntó a la secretaria si la iniciativa presentada cumplía todos los requisitos; la secretaria le respondió afirmativamente un día después.

Sin embargo, la alcaldesa no quedó satisfecha, así que el 26 de abril acudió a los servicios jurídicos de la Diputación de Cuenca para que le explicaran cómo ha de tramitarse una iniciativa popular. Según ha explicado la secretaria, la Diputación respondió el 6 de junio y no hizo sino corroborar lo que ella misma ya había dicho: “Vino a decir lo que dije yo en mi primer informe, que es cómo se tiene que tramitar una iniciativa popular, sin más. Cómo se elabora, cómo se solicita, cómo debe tramitarse, el procedimiento legal para su tramitación…”.

El 5 de septiembre de 2018, la alcaldesa supuestamente firmó una resolución para que la tramitación de la ordenanza comenzara “en el próximo pleno que se celebre”. Un día después se celebró un pleno, pero este asunto no se trató en él porque la alcaldesa redactó el orden del día antes de firmar esa resolución.

azucena

Azucena Redruello, en una imagen de archivo. | Fotografía: Gabriel Arias.

La oposición ha criticado que la alcaldesa no empezara los trámites en junio de 2018, cuando recibió el informe de la Diputación que ya le daba vía libre para empezar. Azucena se defendió alegando que no había secretaria, pero la oposición le recordó que entre junio y principios de septiembre sí hubo secretaria, y que a partir de octubre llegó una secretaria sustituta que trabajó en el ayuntamiento un día a la semana.

Tras un año de retrasos, la ordenanza de gestión de purines fue aprobada en el pleno que se celebró el pasado 3 de abril. De los siete concejales presentes, seis votaron a favor y la alcaldesa se abstuvo. La normativa, que entrará en vigor si no recibe alegaciones durante las próximas semanas, pretende regular y limitar el vertido de purines en el término municipal de Priego, donde ya existe una macrogranja porcina y se han proyectado otras dos explotaciones que, en total, tendrían capacidad para 20.000 cerdos, lo cual supondría una producción de 42.000.000 de litros de purín al año. Los promotores de la ordenanza alegan que, además de mal olor, una cantidad tan excesiva de purín contaminará la tierra y las aguas subterráneas.

La alcaldesa siempre se ha mostrado a favor de las macrogranjas porque, según dice, generan empleo y riqueza.

El Defensor del Pueblo ya ha detectado dos supuestas ilegalidades

Los promotores de la ordenanza no sólo acudieron a la fiscalía. También trasladaron los hechos al Defensor del Pueblo, que pidió información al Ayuntamiento para investigar si se estaba vulnerando el derecho que estos tienen para llevar a cabo iniciativas populares. Tras insistir en dos ocasiones, el Ayuntamiento finalmente le envió la información requerida.

El defensor analizó los documentos y concluyó que el Consistorio pricense había cometido, supuestamente, dos ilegalidades. Por un lado, “se había excedido el plazo máximo” previsto para tramitar la ordenanza; y por otro, se había “incumplido” la ley que obliga a los Ayuntamientos a celebrar, como mínimo, un pleno ordinario cada tres meses. El Ayuntamiento de Priego no celebró ninguna sesión ordinaria entre el 6 de septiembre de 2018 y el 3 de abril de 2019, ello pese a disponer de servicio de Secretaría, en contra de lo que alega la alcaldesa.

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