La Alcaldía explica su tramitación de la ordenanza antipurines, y el Defensor del Pueblo le responde que ha incumplido la ley

El Ayuntamiento de Priego ya ha respondido a las peticiones de información del Defensor del Pueblo, que desde noviembre de 2018 le estaba preguntando qué trámites había llevado a cabo para que la ordenanza de gestión de purines pudiera votarse en el pleno. Esa ordenanza fue creada por un grupo de pricenses como iniciativa popular y entró en el ayuntamiento el 20 de marzo de 2018. Tras un año de retrasos, el texto fue aprobado el pasado 3 de abril casi por unanimidad, sólo con la abstención de la alcaldesa.

Como consecuencia de esos retrasos, aparentemente injustificados, los autores de la ordenanza acudieron al Defensor del Pueblo para que investigase si el Consistorio pricense estaba vulnerando su derecho constitucional a llevar a cabo iniciativas populares como ésta.

azucena

La alcaldesa de Priego, Azucena Redruello, en una imagen de archivo. | Fotografía: Gabriel Arias.

El defensor admitió la queja y comenzó su investigación, pidiendo al Ayuntamiento, en noviembre de 2018, que le informara de qué trámites había llevado a cabo. La Alcaldía pricense no contestó a ese primer requerimiento –según la alcaldesa, porque el ayuntamiento estaba sin servicio de secretaría–, de manera que el defensor volvió a insistir a principios de febrero de 2019, y esta vez le pidió una respuesta “urgente”.

Ahora, el Defensor del Pueblo acaba de comunicar a los vecinos que pusieron la queja que el 31 de enero recibió la respuesta de las autoridades pricenses. En ese escrito, al que ha tenido acceso Las Cuatro Esquinas, el defensor transcribe la respuesta de la Alcaldía, en la que se especifican los trámites llevados a cabo hasta el 31 de enero de 2019.

Providencia de Alcaldía de 4 de abril de 2018 solicitando informe de secretaría en relación con el procedimiento y legislación aplicable para llevar a cabo la tramitación de la iniciativa popular, así como sobre su legalidad.

Informe de secretaría emitido el 4 de abril de 2018 sobre el procedimiento y la legislación aplicable.

Resolución de Alcaldía de 16 de abril de 2018 solicitando a secretaría que informara sobre la adecuación o no a la legalidad de esa iniciativa popular propuesta.

Informe de secretaría de 17 de abril de 2018 en el que se concluye que es legal esa iniciativa popular.

Resolución de Alcaldía de 5 de septiembre de 2018, en la que se acuerda someter la referida iniciativa popular a debate y votación en el próximo pleno que se celebre próximamente.

Igualmente ha comunicado la Alcaldía que desde esa última resolución de Alcaldía, solamente se ha celebrado un pleno (el 8 de noviembre del 2018 a petición de la cuarta parte de los miembros de la Corporación) pero que no pudo ser tratado ese asunto. No obstante, en el informe enviado a esta institución ha indicado que “esa iniciativa será sometida a consideración del Pleno en la primera sesión plenaria que se celebre próximamente”.

En esa explicación que la Alcaldía envió al Defensor del Pueblo no se menciona otro de los trámites que también se llevaron a cabo. Como ya han podido leer, la alcaldesa hizo en abril de 2018 dos consultas a la secretaria: una para que le informara sobre cómo se gestiona una ordenanza presentada como iniciativa popular, y otra para saber si esa iniciativa popular en concreto cumplía los requisitos. La secretaria informó con enorme celeridad en ambos casos y concluyó que la ordenanza podía tramitarse.

Sin embargo, para la alcaldesa no fueron suficientes estas explicaciones de la secretaria, así que el 26 de abril de 2018 pidió a los servicios jurídicos de la Diputación que le explicaran “los pasos a seguir”, según ha reconocido la alcaldesa recientemente. La secretaria asegura que el informe solicitado a la Diputación “vino a decir lo que dije yo en mi primer informe, que es cómo se tiene que tramitar una iniciativa popular, sin más”. Por lo tanto, pedir ese informe a la Diputación no sólo fue en vano, sino que además retrasó el proceso, ya que la respuesta de la institución provincial no se produjo hasta el 5 de junio.

Se desconoce por qué la Alcaldía no ha informado de este trámite al Defensor del Pueblo.

“Se ha excedido el plazo máximo”

En todo caso, con la información recibida, el Defensor del Pueblo ya ha podido constatar que el Ayuntamiento de Priego ha “excedido el plazo máximo” previsto para tramitar la ordenanza antipurines.

“En la fecha en la que esa Alcaldía ha emitido ese informe a esta institución (31 de enero pasado) todavía no se había adoptado la correspondiente resolución que pusiese fin al procedimiento incoado al respecto. Esto supone que entonces ya se había excedido el plazo máximo previsto para ello en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

pleno ayuntamiento

El último pleno convocado por la alcaldesa se celebró el 5 de septiembre de 2018 y tuvo una gran presencia de público. | Fotografía: Gabriel Arias.

Pero además, el Defensor del Pueblo se ha fijado en otra ilegalidad cometida por el consistorio pricense, al que acusa de no cumplir la ley que le obliga a celebrar un pleno ordinario, “como mínimo”, cada tres meses. “Esa Alcaldía reconoce que, en esa fecha, no se había celebrado ninguna sesión plenaria ordinaria entre, al menos, el 5 de septiembre de 2018 y el 31 de enero de 2019. Ello ya supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que dice que una de las reglas a las que ha de ajustarse el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones locales es la de que, en municipios de hasta 5.000 habitantes, deben celebrar sesión ordinaria como mínimo cada tres meses”.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Ayuntamiento que le envíe una copia del acta del pleno que se celebre para debatir y votar la ordenanza de gestión de purines.

Y ese pleno ya se ha celebrado. Fue el miércoles 3 de abril y, en efecto, la Alcaldía incluyó el debate y votación de la ordenanza, que fue aprobada con seis votos a favor (Esther Parra –PP–, Luis Alberto Canales, Joaquín Canales, Salvador Martínez, Isidro Guerrer –PSOE– y Nicolás Cano –concejal no adscrito–), y la abstención de Azucena Redruello –PP–.

Los concejales de la oposición insistieron en criticar que la alcaldesa había mantenido bloqueada la tramitación de la ordenanza. Ella, cada vez que escuchó esta acusación, respondió que si los trámites se retrasaron fue porque no hubo servicio de secretaría. Pero sus excusas fueron refutadas por la oposición, que le recordó que la tramitación estuvo totalmente parada durante tres meses: desde junio (cuando se recibió el último informe que pidió Azucena) hasta septiembre (cuando la secretaria se dio de baja). Durante ese tiempo sí hubo servicio de secretaría y, además, tal y como recordaron los concejales, a partir de octubre hubo una secretaria sustituta que trabajó en Priego una vez por semana.

En los próximos días se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia un anuncio indicando que la ordenanza estará expuesta en el ayuntamiento para que, durante 30 días, los ciudadanos la revisen y formulen las alegaciones que consideren oportunas. Si no hay alegaciones, la normativa entrará en vigor después de un año de polémica tramitación.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s