El Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento que le envíe con urgencia los detalles sobre la tramitación de la ordenanza de purines

El Defensor del Pueblo vuelve a toparse con la opacidad del Ayuntamiento de Priego. Si hace un año tuvo que enfrentarse a las reticencias de la Alcaldía a explicarle por qué no quería crear una plaza de aparcamiento para discapacitados, ahora los problemas se concentran en torno a la ordenanza de gestión de purines.

Como ya les informó este periódico el pasado mes de noviembre, un grupo de pricenses denunciaron ante el Defensor del Pueblo que el Ayuntamiento todavía no ha tramitado la ordenanza que ellos mismos impulsaron para limitar el vertido de purines procedentes de macrogranjas porcinas. El defensor admitió a trámite su queja y, ahora, les acaba de enviar un nuevo escrito en el que les informa de que aún no ha recibido la información que solicitó al Ayuntamiento en noviembre, motivo por el cual le ha pedido “su remisión urgente”.

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Casi 500 personas se concentraron en la plaza mayor de Priego contra las macrogranjas porcinas. | Fotografía: Juan Lozano.

“Ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Ayuntamiento de Priego, se le informa de que con esta misma fecha se ha solicitado su remisión urgente”, afirma el Defensor del Pueblo en dicho escrito, al que ha tenido acceso Las Cuatro Esquinas.

La ordenanza fue elaborada por un grupo de vecinos de Priego implicados en el movimiento social contra las macrogranjas porcinas. Ellos mismos redactaron el texto y ellos recogieron las firmas que eran necesarias para que esta normativa fuera debatida por el Pleno del Ayuntamiento. Aquello ocurrió en marzo de 2018. Aunque la Alcaldía se opuso, los concejales de la oposición, con mayoría absoluta, votaron a favor de que se iniciaran los trámites previos a la aprobación de esta ordenanza.

La secretaria, presente en el pleno, explicó cuál era la tramitación que debería iniciar la Alcaldía. El primer paso era publicar la ordenanza en la página web del ayuntamiento para que cualquier persona pudiera formular las alegaciones que considerase oportunas. Pasado el plazo de exposición, la ordenanza volvería al pleno y su aprobación, o no, sería votada por todos los concejales.

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La alcaldesa de Priego, Azucena Redruello, en una imagen de archivo. | Fotografía: Gabriel Arias.

Sin embargo, en noviembre de 2018 aún no se había publicado el texto, algo que tampoco ha ocurrido hasta ahora (febrero de 2019). La alcaldesa, que se ha declarado a favor de las macrogranjas, fue preguntada por ello en varias ocasiones, negándose siempre a explicar por qué todavía no había movido ficha. Los impulsores de la ordenanza respondieron con esta queja ante el Defensor del Pueblo, que ya está investigando si la Alcaldía pricense ha incumplido los derechos de estos vecinos.

¿En qué consiste la ordenanza anti-purines?

Actualmente el Ayuntamiento de Priego no tiene una ordenanza que regule el uso de purines, de manera que esta actividad se rige sólo por la normativa autonómica y nacional que existe al respecto, que es más permisiva que la ordenanza que han redactado los pricenses. Basta con fijarse en uno de sus puntos más importantes: si bien las normas actuales permiten que se viertan purines a una distancia mínima de 200 metros respecto al casco urbano, con la nueva ordenanza no se podrá utilizar purín en un radio de 2,5 kilómetros.

Pero es que, además, la ordenanza también establece la prohibición de verter purines a menos de 500 metros “de los cauces de corrientes naturales de agua continuas o discontinuas”. Es decir, descartados quedan también los terrenos próximos a los ríos Trabaque y Escabas, así que quedará prohibido utilizar purines en la mayor parte de los terrenos del pueblo.

ordenanza purines macrogranjas

El círculo azul es la zona en la que no podrán verterse purines. Además, tampoco podrán utilizarse junto a los cauces de ríos y arroyos. La línea roja delimita el término municipal de Priego. | Fuente: Las Cuatro Esquinas.

Tampoco podrán realizarse vertidos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y nunca se podrá superar la dosis de 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. El purín tendrá que ser enterrado en el plazo máximo de 24 horas durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, y será enterrado en el momento del vertido en marzo, abril, mayo y septiembre. Todo ello con el objetivo de evitar malos olores.

En cualquier caso, antes de utilizar el purín como abono, los agricultores tendrán que pedir autorización al Ayuntamiento, que será el responsable de hacer cumplir todas las obligaciones recogidas en su ordenanza. En caso de que alguna de ellas fuera vulnerada, el responsable podría ser sancionado con multas que oscilan entre los 100 y 6.000 euros.

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