La empresa que gestionará la residencia de mayores de Priego está relacionada con un importante caso de corrupción

El nombre de Aralia Servicios Sociosanitarios, empresa seleccionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para gestionar la residencia de mayores de Priego, ha aparecido en muchos periódicos durante los últimos meses, y no precisamente por una buena causa. Según informan diferentes medios de comunicación, esta empresa supuestamente está implicada en un importante caso de corrupción que se destapó el pasado mes de julio.

Aralia estuvo dirigida por José Luis Ulibarri, al que muchos consideran el empresario más influyente de Castilla y León. Durante décadas, Ulibarri extendió sus negocios al ámbito de la construcción, el cuidado de personas, la limpieza viaria, el transporte y, además, controla, directa o indirectamente, los cinco periódicos más importantes de la región y es propietario del 50% de la televisión autonómica.

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José Luis Ulibarri, en el centro de la imagen, durante un acto en Castilla y León. | Fotografía: CyLTV.

En 2008, Ulibarri fue imputado en el marco de la Operación Gürtel, la trama de corrupción que se gestó en el corazón del Partido Popular. Un año después, el empresario dejó Aralia en manos de sus familiares más cercanos, que siguieron haciendo negocios con las administraciones públicas, como el contrato de 34 millones de euros que firmó en 2014 con el Gobierno de María Dolores de Cospedal para gestionar una residencia de ancianos en Mora (Toledo).

Una década más tarde, en julio de 2018, el Imperio Ulibarri sufrió otro golpe –aunque tampoco esta vez fue el golpe definitivo– cuando se destapó la Operación Enredadera, un nuevo caso de corrupción que afecta a 40 Ayuntamientos de Castilla y León gobernados por PP, PSOE y Ciudadanos. Según El Norte de Castilla, los investigadores consideran a Ulibarri uno de los cabecillas de esta trama corrupta que, supuestamente, consistía en amañar concursos públicos relacionados con la gestión del tráfico. El empresario fue detenido junto a otras 40 personas (entre ellas 16 alcaldes y concejales, y nueve policías locales), y permaneció en la cárcel desde julio hasta septiembre, cuando fue puesto en libertad con cargos, sin pasaporte, y con la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

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José Luis Ulibarri, exdirectivo de Aralia. | Fotografía: CyLTV.

En el marco de esta operación anti-corrupción, la Policía Judicial registró dos viviendas de José Luis Ulibarri y varias de sus empresas, entre ellas las oficinas que Aralia tiene en Madrid y Valladolid. Con estos registros, los investigadores pretendían encontrar “indicios que pudieran corroborar las conductas ilícitas entresacadas de las conversaciones telefónicas interceptadas a los investigados”, informa Eldiario.es.

En varias de esas grabaciones, que se produjeron entre septiembre de 2017 y enero de 2018, supuestamente se escucha a Ulibarri explicar a su yerno (apoderado de Aralia) y a un directivo de la constructora FCC, cómo debían presentarse ante los técnicos y políticos del Ayuntamiento y la Diputación de Soria –ambas gobernadas por el PSOE– para que Aralia consiguiera dos contratos del Servicio de Ayuda a Domicilio. De acuerdo a lo publicado por Cadena Ser, Ulibarri habría mantenido conversaciones tanto con el alcalde de Soria como con el presidente de la Diputación. Finalmente, Aralia consiguió ambos contratos, cuya cuantía rondaba los tres millones de euros en el caso del Ayuntamiento, y los 20 millones para la Diputación.

Tras conocerse estos acontecimientos, los partidos políticos de varios ayuntamientos y comunidades autónomas han pedido a sus Gobiernos que revisen, o incluso cancelen, sus contratos con Aralia. Así ocurrió en La Rioja el pasado mes de agosto, cuando el Gobierno regional envió un requerimiento a Aralia para que aclarase su situación procesal. Y en Asturias, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales tuvo que salir al paso para aclarar que los contratos que el Principio firmó con Aralia se ajustaban a la normativa vigente.

Aralia gestionará la residencia de Priego

Pese a que cientos de personas mostraron su oposición a la privatización de la residencia de Priego, el Gobierno de Castilla-La Mancha –presidido por el socialista Emiliano García Page–, inició en julio el concurso público para adjudicar la gestión de este servicio público. La Junta fijó un presupuesto base de 3.500.611 euros por un contrato de tres años, con posibilidad de prorrogarlo dos años más, lo cual incrementaría el presupuesto a casi 6,5 millones.

Al concurso se presentaron Aralia y otras cinco empresas: Ebora Training, Centenari Salud, Virgen de Ucero Residencial, Suma Empleo y Geriátrico Manacor. Además, la empresa Clece S.A. planteó un recurso al considerar que la Junta había fijado un presupuesto base insuficiente. El Ministerio de Hacienda desestimó el recurso por no estar fundamentado.

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Fachada principal de la residencia de mayores de Priego. | Fotografía: Gabriel Arias.

Al analizar las ofertas de cada empresa, los técnicos de la Mesa de Adjudicación estimaron que, si bien Aralia había presentado la mejor oferta económica, Centeneri Salud consiguió mayor puntuación en el apartado de “criterios cualitativos subjetivos”. Pero al combinar la oferta económica y los criterios cualitativos, Aralia se alzó en primera posición con 92 puntos, Centenari Salud 86,06 y Ebora Training 59,54.

El presupuesto base fijado por la Junta establecía un coste máximo de 63,22 euros diarios por cada residente, y 51,55 euros para los usuarios del centro de día. Aralia ha calculado que invertirá 60,32 euros en cada residente, y 48,88 euros en cada usuario del centro de día. El presupuesto que trazó Aralia fue de 3.338.649 euros, 161.962 euros por debajo del que fijó la Junta.

Con estos datos sobre la mesa, en noviembre de 2018 los técnicos de la Junta propusieron que la gestión de la residencia se concediera a Aralia, algo que fue ratificado unas semanas después. Para entonces ya se conocía, desde hacía meses, que Aralia había sido investigada, o estaba siendo investigada, por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF).

Hace dos semanas que Las Cuatro Esquinas envió un correo electrónico a Aralia para que tuviera la oportunidad de defenderse ante la polémica que le rodea, sin embargo, todavía no se ha recibido su respuesta. El Gobierno de Castilla-La Mancha tampoco ha contestado a las preguntas de este periódico.

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