Jorge Juan Orusco: “El Gobierno regional ha ganado el pulso a los que se movilizaron contra la privatización”

Jorge Juan Orusco, impulsor del movimiento contra la privatización de la gestión de la residencia de Priego, ha anunciado que “el Gobierno regional ha vencido el pulso contra los vecinos y amigos de Priego que se movilizaron en contra de la privatización”. Así lo ha expresado en un mensaje publicado en Facebook en el que también ha criticado que la Junta ha ganado esta batalla “machacando y ninguneando a todos aquellos que hemos levantado la voz ante este despropósito fruto de la irracionalidad”.

La reacción de Jorge Juan se produce justo después de que se haya adjudicado a una empresa la gestión de la residencia, cuya apertura está prevista para este mes de diciembre o principios de enero, según confirman a este periódico fuentes del Gobierno regional. Además, esta semana la Junta hará públicas novedades sobre la residencia de Priego, posiblemente el nombre de la empresa que se ha quedado con la gestión.

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Jorge Juan Orusco posa con uno de los carteles anti-privatización frente a la residencia. | Fotografía: Jorge Juan.

“Era una lucha desigual aunque en el fondo aún teníamos la esperanza de que dieran marcha atrás en su política privatizadora de lo público y social”, explica Jorge Juan a Las Cuatro Esquinas. “Hemos ganado moralmente por inasistencia del gobierno regional. Pronto rendirán cuentas electorales por el ninguneo al que nos han sometido”, añade.

A finales de 2017, Jorge Juan inició una recogida de firmas para pedir a la Junta que abriera la residencia de Priego, que lleva cerrada desde que finalizó su construcción hace ocho años, la mitad gobernados por el PP y la otra mitad bajo mandatos del PSOE. En pocos días se recabaron casi 1.200 apoyos a través de la plataforma digital Change. Era la primera vez que se organizaba un acto de protesta por este motivo. Semanas después, el Gobierno regional anunció que durante 2018 se llevarían a cabo todos los trámites para abrir la residencia.

Pero la satisfacción de Jorge Juan duró pocas horas, hasta que la consejera de Bienestar Social reconoció que la gestión de este servicio sería privada. La residencia será pública, subrayó la consejera, pero el funcionamiento del día a día correrá a cargo de una empresa, que recibirá por ello cerca de 6,5 millones entre 2019 y 2023.

Unos meses después, Jorge Juan inició una recogida de firmas contra la privatización. Más de 900 personas apoyaron esta iniciativa, que también recibió el apoyo público de partidos, sindicatos y asociaciones como Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista, Comisiones Obreras, Asociación Cuenca Ahora y Plataforma Sanidad Pública de Cuenca. “Jamás ha tenido tanto apoyo político, sindical y social una lucha ciudadana de esta índole en Priego”, se felicita Jorge Juan, aunque reconoce que ha estado un poco solo al pie del cañón: “No es que haya habido muchas acciones individuales, pero me quedo con el gran apoyo en general”. Un apoyo que se ha plasmado en las cientos de firmas recogidas y en las decenas de carteles anti-privatización que se han colocado en los balcones del pueblo.

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El presidente de la Junta, Emiliano García Page, y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en una imagen de archivo. | Fotografía: JCCM.

Algunos vecinos de Priego creyeron que era un error criticar los planes de la Junta porque, según dijeron, esto podría retrasar la apertura de la residencia. El caso es que, sea como fuere, la nueva protesta llegaba tarde. Los los trámites burocráticos para licitar el servicio ya habían comenzado y la Junta decidió seguir adelante con el proceso. Jorge Juan critica no sólo que el Gobierno regional haya consumado la privatización, sino que no haya respondido a las firmas y el manifiesto que se enviaron a la consejera de Bienestar Social para que fuera consciente del descontento.

“Los 913 firmantes del manifiesto en contra de la privatización, así como los partidos políticos, sindicatos y asociaciones sociales que también lo firmaron, no han recibido respuesta del gobierno regional. Tampoco ha recibido respuesta la moción aprobada por el pleno de la Diputación de Cuenca y en la que se instaba al Gobierno de Castilla la Mancha a abrir la residencia desde una gestión 100% pública”, explica Jorge Juan, que ha puesto los hechos en conocimiento del Defensor del Pueblo, al que ha enviado “toda la documentación referente sobre la residencia, certificaciones de obra, actas notariales, registros sobre la propiedad, y multitud de documentos vinculados con esta lucha ciudadana”. “Si aprecia irregularidades en la construcción o en el proceso privatizador y en los contratos de arreglo y equipamiento de la residencia, quizás se abra una causa judicial”, concluye, y lamenta que, con la privatización, “la calidad asistencial, el cuidado de nuestros mayores, y el empleo público y de calidad, son los verdaderos damnificados”.

La residencia tendrá capacidad para 45 usuarios y está previsto que, según los cálculos de la Junta, genere 35 puestos de trabajo. Su construcción tuvo un coste que se aproxima a los 3,5 millones de euros, cantidad esta a la que han de añadirse los 500.000 euros que ha costado el mobiliario.

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