La lucha contra las macrogranjas de Priego, presente en las instituciones europeas

La lucha ciudadana contra las macrogranjas porcinas llegó este miércoles 21 de noviembre hasta el Parlamento Europeo. Decenas de personas, que pertenecen a multitud de plataformas y colectivos integrados en la Coordinadora Estatal STOP Ganadería Industrial, se desplazaron hasta Bruselas para poner en conocimiento de las autoridades europeas la “proliferación descontrolada” de macrogranjas en España.

Valentina Martínez, vecina de Priego y miembro de Pueblos Vivos Cuenca, es una de las activistas que ha viajado hasta la capital comunitaria para denunciar esta situación que afecta directamente a los pricenses. “Estamos muy contentos de haber dado el paso de traer al Parlamento Europeo este problema, porque es aquí donde se hace la legislación que regula las macrogranjas y donde se sancionan los incumplimientos que estamos viendo que hay en muchas de las macrogranjas de España”, explica a Las Cuatro Esquinas, todavía desde Bruselas. Además, añade Valentina, el dinero de la Unión Europea se está utilizando para financiar la ganadería intensiva, como hace la Junta de Castilla-La Mancha, algo que “es legal” pero que agrava la situación.

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Valentina Martínez, en primer plano, concentrada ante las puertas del Parlamento Europeo. | Fotografía: Pueblos Vivos.

La delegación anti-macrogranjas, que durante su visita estuvo acompañada por el eurodiputado Florent Marcellesi (Equo), presentó un escrito ante la Comisión de Peticiones denunciando que España, supuestamente, está incumpliendo varias normativas y compromisos adquiridos en materia medioambiental. Los denunciantes, que atribuyen estos incumplimientos al crecimiento de la ganadería intensiva, destacan que, por ejemplo, las emisiones de amoniaco están “superando el techo comprometido en 2010”, y el 94% de este gas, señalan, “proviene de la ganadería industrial”. Del mismo modo, las emisiones de dióxido de carbono se incrementaron un 4,46% en 2017.

En cuanto a la contaminación de acuíferos por el uso de purines como abono, la Coordinadora STOP Macrogranjas asegura que se están incumpliendo varias directivas que buscan proteger la calidad del agua, tanto de la natural como de aquella que se utiliza para consumo humano, tal y como ocurrió recientemente en Torrejoncillo del Rey, cuyo suministro de agua potable se vio contaminado por el vertido de purines. Este mes de noviembre, la propia Comisión Europea informó de varios procedimientos sancionadores contra España por tener una “insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos de fuentes agrarias”.

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Granja de cerdas madres. | Fotografía: ICPOR.

La petición registrada por los activistas incluye otros supuestos incumplimientos en materia de antibióticos de uso ganadero (España utiliza una cantidad de antibióticos siete veces superior a la recomendaba por la UE), de bienestar animal, y también se incumplen las directivas referentes a la protección de los espacios naturales: “Existen numerosos proyectos de ganadería intensiva en espacios naturales protegidos: Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA), Lugares de Interés Comunitario (LIC), Red Natura 2000 y parques naturales”.

Todos estos incumplimientos son los que se han incluido en el escrito presentado ante la Comisión de Peticiones, así que ahora las instituciones comunitarias deberán iniciar una investigación para determinar si es verdad que España ha cometido todas estas tropelías, lo cual podría acarrear nuevas sanciones contra nuestro país. Tras registrar esta petición, los activistas se concentraron en una de las salas del parlamento y ofrecieron una conferencia sobre “la cara oculta de la carne low-cost”, que en definitiva son los perjuicios medioambientales que está ocasionando la ganadería intensiva.

No es la primera vez que el partido Equo, perteneciente al Grupo Los Verdes, expone en Bruselas la lucha contra las macrogranjas porcinas. Ya en marzo el eurodiputado Florent Marcellesi formuló ante la Comisión Europea varias preguntas referidas a la proliferación de granjas en espacios protegidos por ser Red Natura, y al incumplimiento de algunas de las directivas antes señaladas. Ahora, Florent se felicita por comprobar “una vez más cómo la sociedad se está organizando y movilizando por toda España contra los graves impactos de la ganadería industrial sobre el desarrollo rural, la salud, el medio ambiente, el cambio climático y el bienestar animal”.

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Decenas de personas han participado en esta jornada reivindicativa ante las instituciones comunitarias. | Fotografía: Pueblos Vivos.

Por otro lado, Valentina Martínez también ha subrayado muy positivamente el hecho de que dos sindicatos agrarios y ganaderos, COAG y UPA, hayan querido participar en esta exposición ante el Parlamento Europeo. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ha llegado incluso a pedir la “prohibición de las macrogranjas”. A su juicio, “son las explotaciones agrícolas familiares, y particularmente las ganaderas, las que mejor aseguran el empleo y asientan población en las zonas rurales”, y critican que “las mega explotaciones ganaderas no están integradas en el entorno natural, como sí lo están las pequeñas y medianas explotaciones familiares, por no hablar del peor nivel que tienen en cuanto a bienestar animal”.

En Priego ya existe una granja porcina con 2.000 cerdos que hace un año recibió autorización de la Junta para ampliar su capacidad hasta las 7.000 cabezas. Además, se están tramitando otros dos proyectos de 6.180 cerdos cada uno. Si el Gobierno regional los autoriza, la cifra de cerdos que se engordan en Priego ascenderá hasta casi 20.000. El Ayuntamiento de Priego y las empresas promotoras (de Villaconejos de Trabaque) defienden que esta industria genera empleo en una comarca muy deprimida, aproximadamente dos puestos de trabajo directos en cada granja. Por su parte, los vecinos opositores han celebrado multitudinarias manifestaciones y han recogido cientos de alegaciones contra estos proyectos que, según dicen, dejarán sin agua a esta tierra, contaminarán la poca que quede y perjudicarán a la principal actividad económica: el turismo.

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