Vecinos de Priego denuncian ante el Defensor del Pueblo que la Junta todavía no ha respondido a su manifiesto contra la privatización de la residencia

Jorge Juan Orusco, cabeza visible del movimiento ciudadano contra la privatización de la gestión de la residencia de mayores de Priego, ha enviado al Defensor del Pueblo una queja contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por no haber contestado al manifiesto y a las 913 firmas que se recabaron en internet a favor de la gestión cien por cien pública.

La queja, que es copia de la carta que Jorge Juan publicó en este periódico hace unos días, insiste en que las firmas se enviaron a la Junta hace casi dos meses y que todavía no se ha recibido respuesta alguna a esta protesta ciudadana: “Estas firmas, junto a nuestro manifiesto, fueron enviados a la señora consejera de Bienestar Social el día 6 de septiembre. Ante la ausencia de contestación, las volvimos a enviar otra vez el día 20. Cuando ya ha pasado más de un mes, los vecinos seguimos sin respuesta”.

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y tras él la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. | Fotografía: José Ramón Márquez (JCCM).

“Queremos respuestas de la señora consejera, queremos saber qué opina de nuestros argumentos y qué va a hacer a partir de ahora”, continúa la queja de Jorge Juan. “Tanto los vecinos como las organizaciones políticas, sindicales y sociales que nos apoyan, seguimos con la mano tendida para sentarnos a hablar sobre este tema en el que somos actores principales. No entenderíamos más silencios del Gobierno regional ni retrasos injustificados en la apertura de la residencia”, subraya.

El propósito de Jorge Juan, y de los cientos de personas que se sumaron al manifiesto firmándolo a través de la plataforma digital Change, es que “el Gobierno regional recapacite en su afán privatizador de este servicio público asistencial, pues no entendemos que un Gobierno, a priori, socialista, sea capaz de hacer lo que hasta ese momento había siempre criticado del anterior Gobierno”. Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno que preside Emiliano García Page, Jorge Juan ha decidido poner los hechos en conocimiento del Defensor del Pueblo.

El manifiesto contra la privatización recibió apoyo público por parte de asociaciones, sindicatos y partidos políticos como Izquierda Unida, Podemos, Comisiones Obreras, Partido Comunista, Asociación Cuenca Ahora y Plataforma Sanidad Pública de Cuenca. Entre los vecinos de Priego no hay una opinión unánime respecto a esta cuestión. Algunas personas temen que la Junta renuncie a abrir la residencia si ahora se le exige una gestión pública, así que ven más apropiado esperar a que el servicio entre en funcionamiento y después pedir que se proceda a la gestión pública.

La Junta no renuncia a la gestión privada

Pero las quejas ciudadanas no han interferido en la agencia del Ejecutivo castellanomanchego. Tal y como les informó en este periódico a principios de septiembre, la Junta confirma que no ha renunciado a privatizar la gestión de la residencia de Priego. El Gobierno sigue adelante con los trámites para adjudicar el servicio a una empresa privada, adjudicación esta que concluirá en los próximos días.

Eso sí, la Junta quiere subrayar una y otra vez que simplemente se privatizará la gestión, no la residencia en su totalidad. “Va a ser una residencia pública, que va a ofertar 45 plazas y 10 en estancias diurnas, todas ellas públicas, que se asignarán en base a los criterios que establece la normativa autonómica para la asignación de plazas públicas. Los usuarios abonarán el 75% de la pensión que reciben”, explican desde el Gobierno regional a Las Cuatro Esquinas.

A principios de septiembre el Ministerio de Hacienda paralizó los trámites que la Junta estaba desarrollando para privatizar la gestión de la residencia. Esta fue la medida cautelar que Clece S.A., una de las empresa que optaba a quedarse con la gestión, había pedido tras presentar un recurso contra esta licitación. Clece argumentaba que la Junta había fijado un presupuesto demasiado bajo: tenía previsto pagar 6,5 millones de euros a la empresa que asumiera la gestión entre los años 2019-2023. Clece sostenía que esta cantidad era insuficiente, pero finalmente el Ministerio de Hacienda desestimó su recurso ya que, según dijo, estaba basado en alegaciones “infundadas” que carecían de “datos objetivos”.

Tras estos acontecimientos, el delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, aseguró que el Gobierno regional sigue trabajando para que la residencia, que lleva cerrada desde que fue construida en 2010, pueda estar en funcionamiento en “diciembre o principios de enero”.

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