La alcaldesa se niega a explicar por qué la ordenanza de purines está paralizada desde hace siete meses

El 20 de marzo de 2018 un grupo de vecinos de Priego presentaron en el ayuntamiento la ordenanza que ellos mismos habían elaborado para limitar el vertido de purines procedentes de las macrogranjas porcinas. La normativa venía acompañada por las firmas de más de 200 personas mayores de 18 años y empadronadas en Priego, requisito imprescindible para que esta iniciativa ciudadana se hiciera realidad.

Al mismo tiempo, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría absoluta que se iniciaran los trámites previos a la aprobación de la ordenanza. La secretaria explicó a los concejales que el primer paso que había que dar era publicar la ordenanza en internet –por orden de la alcaldesa– para que los ciudadanos pudieran presentar las alegaciones que considerasen oportunas. Después, el texto sería sometido a la votación del Pleno y, en caso de resultar apoyado por la mayoría de los concejales, la ordenanza entraría en vigor. Sin embargo, siete meses después de que la ordenanza se registrara en el ayuntamiento, todavía no se ha empezado a tramitar porque el documento aún no ha sido publicado en la página web del ayuntamiento.

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Alrededor de 300 personas se manifestaron este domingo en Madrid contra las macrogranjas porcinas, entre ellos un grupo de pricenses | Foto: Miguel Ángel Marquina.

Tanto la oposición como los vecinos que impulsaron la ordenanza preguntaron a la alcaldesa por esta situación en el pleno de septiembre. Azucena Redruello se negó a ofrecer ninguna información porque, según dijo, “es un expediente abierto y está en trámite”. Por su parte, Nicolás Cano, concejal del Grupo Mixto, le recordó que “el único trámite que falta es que usted firme”, y la acusó de estar incumpliendo la ley.

Azucena denunció que esta última aseveración de Nicolás era una amenaza, y acusó al concejal Luis Alberto Canales (Grupo Socialista) de haber sido él quien vendió el terreno sobre el que se edificó la primera granja porcina. Él se defendió alegando que si vendió esta tierra fue “para que pusieran pistachos, y así está en el contrato”.

Al término del pleno, algunos de los vecinos que habían impulsado la ordenanza quisieron insistir sobre el tema. “Por favor, Azucena, hemos venido mucha gente… y pedimos la solicitud de información por escrito…”, dijo una de las asistentes queriendo replantear la pregunta de por qué la ordenanza sigue bloqueada. Pero la alcaldesa no le dejó continuar: “Se ha levantado la sesión y yo no voy a seguir”, sentenció ella.

Siete meses pidiendo explicaciones

No era la primera vez que los impulsores de la ordenanza pedían explicaciones. Desde que la presentaron en el ayuntamiento hace siete meses, dos veces más han preguntado a la alcaldesa por qué no se ha producido ninguna novedad. Lo hicieron por primera vez el 23 de abril, con un escrito dirigido a Azucena Redruello. La alcaldesa no contestó. El 25 de julio se registraron en el ayuntamiento otras 19 solicitudes de información, pero tampoco en este caso hubo explicaciones por parte de Azucena.

La alcaldesa anunció en abril que había pedido un informe a los servicios jurídicos de la Diputación de Cuenca para que le aclarasen si podía tramitar la ordenanza. Azucena recibió dicho informe a principios de verano, sin embargo, nunca ha hecho pública la respuesta de la Diputación. Varias fuentes consultadas por este periódico aseguran que los servicios jurídicos dieron vía libre a la alcaldesa para que iniciase los trámites de la normativa anti-purines.

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La alcaldesa de Priego en el pleno del 6 de septiembre | Foto: Gabriel Arias.

Así las cosas, todos están a la espera de que la alcaldesa autorice la publicación de la ordenanza en internet para que empiece el camino previo a su aprobación definitiva. Los impulsores de esta normativa recuerdan que en Priego ya se está cebando a 2.000 cerdos, que pronto se cebará a 7.000, y que si la Junta aprueba otros dos proyectos, en total serán 20.000 los cerdos que se criarán en el pueblo. Otros datos que, a su juicio son demoledores, es que las tres granjas consumirían 60 millones de litros de agua cada año y producirían 42 millones de litros de purín, según los datos aportados por las empresas de Villaconejos que están detrás de estos proyectos.

El soporte que Azucena Redruello está dando a las macrogranjas ha quedado patente en no pocas ocasiones. La alcaldesa se ha declarado partidaria de que se instalen en Priego porque, según dijo, generarán nuevos empleos, aunque no supo especificar cuántos. Recientemente intentó que dos de las granjas pudieran construirse aún incumpliendo determinadas normas urbanísticas, pero la mayoría absoluta de la oposición lo impidió.

Las claves de la ordenanza

Actualmente el Ayuntamiento de Priego no tiene una ordenanza que regule el uso de purines, de manera que esta actividad se rige solo por la normativa autonómica y nacional que existe al respecto, que es más permisiva que la ordenanza que han redactado los pricenses. Basta con fijarse en uno de sus puntos más importantes: si bien las normas actuales permiten que se viertan purines a una distancia mínima de 200 metros respecto al casco urbano, con la nueva ordenanza no se podrá utilizar purín en un radio de 2,5 kilómetros.

De esta manera, quedará prohibido su uso en la mayor parte de los campos de cultivo del término municipal de Priego. Pero es que, además, la ordenanza también establece la prohibición de verter purines a menos de 500 metros “de los cauces de corrientes naturales de agua continuas o discontinuas”. Es decir, descartados quedan también los terrenos próximos a los ríos Trabaque y Escabas.

Tampoco podrán realizarse vertidos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y nunca se podrá superar la dosis de 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. El purín tendrá que ser enterrado en el plazo máximo de 24 horas durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, y será enterrado en el momento del vertido en marzo, abril, mayo y septiembre. Todo ello con el objetivo de evitar malos olores.

En cualquier caso, antes de utilizar el purín como abono, los agricultores tendrán que pedir autorización al Ayuntamiento, que será el responsable de hacer cumplir todas las obligaciones recogidas en su ordenanza. En caso de que alguna de ellas fuera vulnerada, el responsable podría ser sancionado con multas que oscilan entre los 100 y 6.000 euros.

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