Recogidas más de 700 firmas contra la privatización de la residencia de mayores de Priego

“Los servicios sociales son un derecho, no un negocio”. Este es el lema que encabeza el manifiesto contra la privatización de la residencia de mayores de Priego al que ya se han sumado más de 700 personas en una semana. La iniciativa, impulsada en Change.org por Jorge Juan Orusco, vecino de Priego, está dirigida al Gobierno de Castilla-La Mancha, que privatizará la gestión de esta residencia antes de su apertura en el mes de diciembre.

Según el manifiesto, la gestión privada supondrá un empeoramiento del servicio: “aumento de los costes para los usuarios, obstáculos a menudo insalvables para la universalidad de su acceso, y degradación de su calidad”. Y además de estas consecuencias directas que, supuestamente, notarán los residentes, existe una razón de fondo para poner punto y final a la privatización: “La gestión de las residencias de mayores, aquellas que funcionan con nuestros impuestos, no ha de hacerse con ánimo de lucro –directo o indirecto–, sino para satisfacer unas necesidades sociales”.

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La directora provincial de Bienestar Social, en el centro de la imagen, durante su visita a la residencia hace unas semanas | Foto: JCCM.

El manifiesto también critica que el Gobierno regional dé por sentado que la gestión privada será más rentable para las arcas públicas de la comunidad. Contra esta excusa, añade el autor del manifiesto, cabe recordar que cuando lo privado funciona mejor es porque empeora la calidad del servicio y se reducen los derechos laborales: “Siempre se parte de la premisa falsa de que lo público es menos eficaz, pero no dicen que la reducción de costes es siempre a costa de la presión laboral a los trabajadores y que el cuidado de nuestros mayores pierde garantías”.

Además, los firmantes, muchos de ellos vecinos de Priego, se muestran sorprendidos por el hecho de que sea un gobierno socialista el que esté llevando a cabo la privatización de todas las residencias de la comunidad autónoma.

División entre los vecinos por miedo a la reacción de la Junta

En noviembre de 2017 se inició otra recogida de firmas, aunque en aquella ocasión fue para exigir a la Junta de Comunidades que abriera la residencia. Se recogieron entonces, en sólo unos días, casi 1.200 apoyos, y el Gobierno regional anunció unos días después que estaba dispuesto a poner en marcha este servicio público. Pero, ¿por qué esta vez la recogida de firmas está teniendo menos éxito?

Durante los últimos días se han generado algunos pocos debates sobre la conveniencia de criticar a la Junta por la privatización de la residencia. Por ejemplo, la principal asociación del pueblo, Priego Vivo, no se ha pronunciado sobre esta cuestión, pero sí lo han hecho, a título personal, sus dos máximos representantes: Ángel Torres y Enrique García. Los dos consideran que pedir a la Junta que se replantee su voluntad de privatizar la residencia sólo generará un nuevo retraso en su fecha de apertura. No obstante, ambos creen que, una vez abierta, entonces sí será momento de exigir una gestión pública.

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El presidente de Priego Vivo, Ángel Torres, en una imagen de archivo | Foto: Juan Lozano.

Otros vecinos se han sumado también a esta misma hipótesis. Recuerdan que la residencia lleva cerrada ocho años, desde que se construyó, y tienen miedo de que la Junta responda a las críticas paralizando la puesta en marcha del servicio. El impulsor del manifiesto, Jorge Juan, dice estar convencido de que la Junta podría rectificar, optar por la gestión pública, y que aún así la residencia podría abrir en diciembre, tal y como está previsto.

Por el momento, Jorge Juan ya ha conseguido más de 700 firmas y el apoyo de, al menos, cuatro colectivos sociales y partidos políticos que se han pronunciado públicamente a favor: el Partido Comunista de Cuenca, Podemos Cuenca, Izquierda Unida Cuenca y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha. Jorge Juan asegura que en los próximos días habrá más apoyos.

La versión de la Junta

A mediados de julio visitó Priego la directora provincial de Bienestar Social, Amelia Sánchez, que explicó ante 150 personas qué gestiones se están llevando a cabo para abrir la residencia y cómo será el servicio. Aunque Amelia no se refirió a la privatización, uno de los asistentes le preguntó por ello.

La directora provincial respondió que se ha hecho para ahorrar tiempo ya que la empresa será más ágil al contratar a los trabajadores, mientras que si lo hiciera la Junta sería necesario crear una bolsa de empleo que se resolvería “en dos o tres años” y a la que podría presentarse cualquier persona de España. Además, dijo que la privatización es una garantía para el empleo comarcal porque las empresas suelen contratar a vecinos de los pueblos cercanos.

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El Centro Cultural se quedó pequeño ante la gran cantidad de personas que quisieron participar en la charla informativa sobre la residencia de mayores | Foto: A.R.

Para defender sus argumentos, Amelia utilizó un ejemplo: Un catalán sólo querrá trabajar en la residencia de Priego si es contratado por la Junta, porque con ello consigue ciertas garantías de estabilidad que hacen viable su traslado al pueblo. Pero ese mismo catalán no aceptará trabajar en la residencia si sólo tiene un contrato con una empresa. Es por ello que, según dijo, quienes querrán trabajar para la empresa gestora de la residencia son las personas que viven en Priego o en la comarca.

Del mismo modo, la responsable de Bienestar Social recordó que la gestión privada no tiene por qué reducir la calidad del servicio, que será “exactamente igual que en cualquier otra residencia” ya que estará “supervisada no sólo por el Servicio de Inspección, sino también por el Servicio de Sanidad”. “Y se pueden poner sanciones”, añadió Amelia Sánchez, que finalizó su intervención recordando que las plazas serán “cien por cien públicas”, de manera que no será la empresa la que fije el precio que pagan los usuarios, que aportarán un 75% de su pensión, como en las residencias públicas.

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