Carta de opinión: “La burbuja financiera de las macrogranjas en Castilla-La Mancha ya asoma la patita”

La agencia de noticias Reuters, especializada en información financiera, anunciaba el lunes 16 de abril de 2018 que un grupo inversor chino estaría planteándose adquirir Incarlopsa por 1.000 millones de euros. Dicho grupo es Kam Fung Group Company Limited, radicado en Hong-Kong, especializado en el negocio inmobiliario, la construcción, el turismo, la minería y la inversión financiera. En este último ámbito, invierte en activos nacionales y extranjeros, financiando proyectos, fusiones y adquisiciones de empresas. Como se ve, ninguna relación con el sector cárnico. Tampoco es necesario, como se trata de especular, lo mismo vale para un roto que para un descosido. Donde huela a dinero, allí que meten sus narices.

Incarlopsa (Tarancón, Cuenca) junto al Grupo Fuertes-El Pozo (Alhama de Murcia) son dos de las principales empresas del sector cárnico en España. Ambas, a través de otras empresas filiales (Cefusa en el caso del Grupo Fuertes e Icpor-Soria en el caso de Incarlopsa), están detrás de la pretensión de instalar cientos de macrogranjas de porcino en varias comunidades autónomas, especialmente en Castilla-La Mancha.

En la jerga financiera se utiliza el eufemismo “grupo inversor” en vez de su denominación más propia de “fondo especulativo”. Estos grupos deciden invertir en aquellas actividades de las que esperan una elevada rentabilidad a corto plazo. Normalmente no se trata de inversiones a medio y largo plazo, preocupadas por la imagen y la fortaleza de la empresa que adquieren, sino que buscan su reestructuración para hacerla atractiva a su vez a nuevos inversores especulativos y venderla entera o a trozos nada más que se presente la ocasión, incluso a veces a empresas del propio sector de la adquirida, reduciendo así la competencia, dando lugar a oligopolios. ¿Y si el Grupo Fuertes-El Pozo estuviera detrás de esta operación? Es una simple especulación.

Tras estos años de crisis, todos/as sabemos lo que significa el eufemismo “reestructuración” empresarial: división en diferentes líneas de negocio, externalización de tareas y riesgos, endurecimiento de condiciones laborales, expedientes de regulación de empleo, creación de filiales en paraísos fiscales para reducir el pago de impuestos, etc.

Si hoy un grupo de capital privado chino quiere comprar Incarlopsa (31 millones de euros de beneficios en 2016) y pagar 1.000 millones de euros, es gracias a que Incarlopsa ha conseguido contar con el apoyo legislativo y financiero de diferentes instancias de gobierno a sus planes de rodear sus mataderos de más de un millón de cerdos en macrogranjas intensivas y así asegurar el abastecimiento para su plan de expansión. Es esta fuerte proyección de crecimiento a corto plazo la que ha disparado los deseos de grupos de inversión especulativos por comprar Incarlopsa, y así se cierra el círculo del pelotazo. Veamos.

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2014-2020), con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), está subvencionando con dinero público la instalación de macrogranjas de porcino por toda la región, especialmente en las áreas más despobladas y deprimidas desde el punto de vista económico. Igualmente apoya mediante la orden FOCAL (Fomento de la Calidad Agroalimentaria) a las propias empresas de transformación cárnica. La puesta en funcionamiento de dichas macrogranjas es indispensable para que salgan adelante los planes de expansión de estas empresas, que mejoran sus resultados económicos actuales y previstos, y se convierten en objetivo de grandes grupos de inversión especulativos, para los que la actividad productiva a medio y largo plazo no tiene ningún interés, estando sólo preocupados por materializar plusvalías a la mayor brevedad posible con la reventa de la empresa que acaban de comprar.

Vivimos en un sistema capitalista de libre empresa. Los gobiernos, salvo raras excepciones, no pueden inmiscuirse en las decisiones de los/as propietarios/as de una empresa de venderla al mejor postor. De acuerdo. Pero los gobiernos si tienen la capacidad de dirigir la legislación y los fondos públicos para ayudar a empresas y sectores anclados al territorio contra viento y marea, respetuosos con la conservación de la naturaleza y con el trabajo decente de las personas, elementos que en última instancia permiten prosperar a nuestros pueblos y comarcas.

En resumen, hay que ponerse en guardia cuando un gran fondo de inversión especulativo pone sus ojos en un territorio. La reciente crisis financiera ha demostrado que las verdaderas armas de destrucción masiva no estaban en Afganistán, Irak ni ningún otro país arrasado por esta causa. Hoy, las verdaderas armas de destrucción masiva son financieras, y les dejamos moverse a sus anchas por todo el mundo.

Gregorio López Sanz es profesor de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de Ecologistas en Acción.
Aquí puede leer más reflexiones suyas.

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