El Defensor del Pueblo advierte al Ayuntamiento de las consecuencias de no contestar a sus escritos

Aunque la polémica sobre el aparcamiento para discapacitados parecía que había llegado a su fin después de que el Ayuntamiento se comprometiera a crear la plaza, todavía queda una cuestión pendiente que amenaza con perseguir al Gobierno local hasta que haya sido solucionada. El Defensor del Pueblo, una de las instituciones a las que acudió Ángel Romero cuando comprobó que la alcaldesa no iba a crear el aparcamiento que él mismo había solicitado, todavía está a la espera de que el Ayuntamiento le facilite un informe con los detalles del caso, algo que le pidió por primera vez en julio de 2017.

El Defensor quiere analizar toda la información para saber si se han vulnerado los derechos de este vecino con discapacidad física, pero de momento no ha podido comenzar la investigación porque todavía no ha recibido contestación de las autoridades pricenses. Y ello a pesar de que ha enviado hasta tres requerimientos al Ayuntamiento para hacerle saber que está obligado a facilitarle los documentos.

El último de esos avisos se produjo a mediados de enero, según consta en la carta que el Defensor ha enviado al vecino afectado, en la que también se advierte de cuáles serán las medidas que adoptará contra el Ayuntamiento si no responde a su último requerimiento: “La ausencia de respuesta a esta última comunicación sería expresiva de una falta de colaboración de la Administración para cumplir con el deber legal impuesto por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, y daría lugar a los efectos previstos en la misma ley, incluidos el informe correspondiente a las Cortes Generales y la declaración de la actitud hostil y entorpecedora”.

La citada ley continúa así: “La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del Defensor del Pueblo por parte de cualquier Organismo, funcionarios, directivo o persona al servicio de la Administración pública podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual”.

aparcamiento discapacitados

El aparcamiento para discapacitados situado en la plaza Batalla de Lepanto | Foto: Gabriel Arias.

Es posible que el Defensor del Pueblo ni siquiera sepa que la alcaldesa de Priego ya se ha comprometido a crear la plaza de aparcamiento, pero aunque lo supiera, muy probablemente tendría que continuar investigando si se vulneraron los derechos de Ángel Romero, al que se le negó su petición durante más de un año y al que no se respondió hasta pasados 11 meses.

El Ayuntamiento se comprometió en octubre a crear el aparcamiento

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, otra de las instituciones que se ha implicado en la resolución del caso, informó recientemente a Ángel Romero que el 27 de octubre de 2017 recibió una carta del Ayuntamiento en la que se comprometía a crear la plaza de aparcamiento para personas con discapacidad física.

Ángel pidió el aparcamiento por primera vez en junio de 2016. El Ayuntamiento tardó 11 meses en responder a su solicitud, y solo lo hizo cuando fue presionado por el Ministerio de Sanidad, a quien la alcaldesa respondió que ya existía un aparcamiento para discapacitados en la plaza Batalla de Lepanto. Sin embargo, ese aparcamiento fue solicitado por una vecina con discapacidad que vive a escasos 50 metros, así que está ocupado prácticamente todos los días. Y además, lo que Ángel pedía era un aparcamiento público en el centro del pueblo, en las inmediaciones del edificio del Ayuntamiento.

Ángel fundamentaba su petición en la Ley 1056/2014, según la cual, “los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. Estas plazas deberán cumplir las condiciones reglamentariamente previstas. Los ayuntamientos, mediante ordenanza, determinarán las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad”. Ángel cree que la zona de mayor actividad social de Priego es el entorno de la calle Larga, no la plaza Batalla de Lepanto.

De hecho, la Junta advirtió a la alcaldesa de que “la única plaza para personas con movilidad reducida se sitúa a más de 300 metros del Ayuntamiento, siendo esta una distancia excesiva para recorrer por una persona con movilidad reducida que tenga que acudir a realizar gestiones a aquel”, según consta en los documentos que obran en poder de este periódico. Fuentes consultadas por Las Cuatro Esquinas sostienen que el Consistorio se arriesgaba a ser sancionado con una multa de hasta 90.000 euros si no creaba este nuevo aparcamiento.

Tras hacer esta advertencia, en julio de 2017 la Consejería de Bienestar Social envió un escrito a la Alcaldía preguntándole qué “acuerdos y/o actuaciones” había realizado “con la finalidad de solucionar la situación denunciada”. Le daba un mes de plazo para que respondiera, pero la Alcaldía agotó el tiempo más que de sobra: no contestó hasta pasados tres meses, aunque esta vez lo hizo para comprometerse a crear el aparcamiento. Ahora es el Defensor del Pueblo quien espera la respuesta de Azucena Redruello, que a la vista está, se hace de rogar.

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