Carta de opinión: “Del Consistorio de Priego y el ‘in dubi pro reo'”

El 1 de mayo de 1886 ocurrió el desolador acontecimiento de la factoría automovilística de Chicago en que algunos de sus trabajadores fueron ejecutados por manifestarse en reivindicación de una jornada laboral más humana. Se les conoce como los Mártires de Chicago y desde entonces se estableció la tradición del 1º de Mayo como día de manifestación para que no caiga en el olvido la conciencia de los derechos de los trabajadores, entre ellos, el propio a manifestarse. El derecho de manifestación es contemplado constitucionalmente en España.

Del derecho de manifestación, de su impedimento y de lo acaecido en los últimos días, trata esta reflexión. Según la prensa local de los días 3 y 6 de septiembre, el Consistorio ha alegado reiteradamente que no puede responsabilizarse de la seguridad en Priego, desde que declinó esta competencia de “motu proprio”, como en las Fiestas del Cristo o como en una manifestación popular convocada para el día 10 de septiembre. 

Inmanuel Kant reflexionó sobre lo que es la responsabilidad en su “Crítica de la razón práctica”. La libertad es una condición inherente e inalienable en el ser humano y consiste en la posibilidad de optar por una de entre varias elecciones. Además, la libertad es real, por ello siempre han existido los usos sociales, las morales e inclusive el Derecho, para que las consecuencias de la elección de uno no repercutan en detracción de otro. La libertad implica, por lógica, la responsabilidad que, por definición, es asumir la autoría de una elección, de una acción y de sus consecuencias: si uno es libre, es uno quien elige y hace. Consecuencia de la responsabilidad es la autonomía del individuo que, socialmente, es en lo que consiste la democracia, gobernarse a sí mismo, dirigir su propio destino, al igual que la consecuencia de la libertad es la supresión de la tiranía. 

La responsabilidad, pues, es irrenunciable, ni siquiera por uno mismo. Por eso, el Código Civil otorga responsabilidad a todo ciudadano, incluídos los que gobiernan (en un Estado de Derecho, nadie hay por encima de la ley, ni el más poderoso). Y por eso, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local otorga responsabilidad a las Corporaciones locales. Aún más, les otorga responsabilidad por sus actos, pero también por las “omisiones” que se realicen en el ejercicio de su cargo. Tanto es el pecado por obra como por omisión y por ende, no caben dudas de la inocencia o no.

Enrique García es profesor de Filosofía y vicepresidente de la Plataforma Cívica Priego Vivo.

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