El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja presentada por un vecino de Priego contra el Ayuntamiento

Ángel Romero es un vecino de Priego que tiene movilidad reducida y que lleva más de un año pidiendo al Ayuntamiento que coloque una plaza pública de aparcamiento para personas con discapacidad física en el centro del municipio. Ante la negativa de la alcaldesa –que tardó 11 meses en contestar a su escrito–, Ángel decidió recurrir al Defensor del Pueblo para que tomara cartas en el asunto. Ahora, la institución que vigila que las administraciones públicas respeten los derechos y libertades de los ciudadanos, le acaba de comunicar que ha admitido a trámite su queja.

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La Plaza, vista desde los balcones del ayuntamiento | Foto: Gabriel Arias.

En un escrito al que ha tenido acceso Las Cuatro Esquinas, el defensor explica que ha decidido tramitar esta denuncia porque “reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución”, en el cual se regulan las competencias de esta institución. Es decir, la admite a trámite porque entiende que el Ayuntamiento podría estar vulnerando los derechos de este pricense.

Así las cosas, el Defensor del Pueblo ya se ha puesto en contacto con el Consistorio para pedirle información sobre la queja de Ángel y para averiguar si en Priego se cumple con el Real Decreto 1056/2014, que establece que “los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción”. De momento, a fecha de 3 de agosto, el Ayuntamiento todavía no había contestado al defensor.

En declaraciones a este periódico, Ángel se muestra satisfecho con la decisión del Defensor del Pueblo, aunque lamenta que al final será “la imagen de Priego” la que pague “las consecuencias de una mala gestión de la Alcaldía”. En cualquier caso, no piensa parar. Dice que llevará su queja a los medios de comunicación y que, si fuera necesario, recurrirá a la “vía judicial”. Las resoluciones del Defensor del Pueblo no son vinculantes, así que no obligan a nadie, sin embargo, sería de extrema gravedad que el Ayuntamiento fuera amonestado públicamente por no respetar los derechos de sus ciudadanos. Y además, las autoridades o funcionarios que entorpezcan la labor del defensor pueden incurrir en un delito tipificado en el artículo 502 del Código Penal.

Una demanda con mucho recorrido

Ángel Romero hizo su petición al Ayuntamiento el 6 de junio de 2016. Solicitaba que se cumpliera la ley que obliga a colocar plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en los centros de actividad social. Nueve meses después, al no tener respuesta de la Alcaldía, se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, al que pidió que tomara “las medidas oportunas” para que en Priego se ejecutara dicha ley. Acto seguido, el ministerio solicitó información al Ayuntamiento sobre la denuncia planteada por Ángel, pero como la alcaldesa tampoco le respondió, Sanidad volvió a mandar la carta al Consistorio en mayo de 2017.

Esta vez sí, el Ayuntamiento se tomó en serio la insistencia del Gobierno central, así que envió una carta a Ángel pidiéndole que acreditara su discapacidad. El demandante comprendió entonces que el Consistorio no se había enterado de lo que él pedía: que no quería una plaza de aparcamiento privada sino una plaza pública para que pueda utilizarla cualquier persona con movilidad reducida que tenga que aparcar en el centro del pueblo.

Dada la confusión, Ángel optó por presentarse en el Ayuntamiento para hablar en persona con la alcaldesa. Según dice, Azucena le respondió que ya había un aparcamiento público en el centro de mayor actividad comercial de Priego, que para ella es la plaza del mercadillo. Sin embargo, Ángel discrepa. Él cree que la zona de máxima actividad es el entorno de la calle Larga, en el que se encuentran muchos de los negocios del pueblo, el centro de salud, las entidades bancarias y los edificios institucionales. Además, subraya que es esta zona la que sí presenta problemas de aparcamiento durante las vacaciones de verano y Semana Santa.

En cualquier caso, no le corresponde a Ángel decidir cuáles son las zonas de máxima actividad de Priego. Según la ley en la que se ampara,  son “los ayuntamientos, mediante ordenanza, quienes determinarán las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad”. En el caso de Priego, todavía no existe una ordenanza en la que se haya especificado esta cuestión. Además, la ley establece la posibilidad de que no solo haya una zona de actividad social.

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Plaza de aparcamiento para discapacitados que hay junto al mercadillo | Foto: Gabriel Arias.

Azucena también respondió al Ministerio de Sanidad argumentando que ya existe una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad física. En su carta, a la que ha tenido acceso este periódico, la alcaldesa destacó que fue ella misma la que habilitó el aparcamiento de la plaza del mercadillo, “con señalización vertical y pintura en el pavimento (…) siendo lo más próximo a la actividad social”. Es cierto que esta plaza para discapacitados se creó bajo su mandato, pero se hizo porque así lo pidió un vecino que vive a escasos 30 metros del aparcamiento. Lo que no es verdad es que esta plaza tenga pintadas las líneas del suelo –tal y como puede comprobarse en la imagen–, de manera que no está reglamentada.

En su respuesta al ministerio, la alcaldesa también adjuntó un mapa de Priego en el que, con ayuda de Google, había calculado cuánto se tarda en llegar al ayuntamiento desde la plaza de aparcamiento del mercadillo. A pie, escasos cinco minutos. Ángel considera que con este detalle Azucena Redruello ha demostrado una absoluta falta de sensibilidad hacia las personas con movilidad reducida: “La alcaldesa no está discapacitada, por eso no lo valora. Si estuviera hemipléjica, valoraría dónde está situada la plaza”. Azucena no ha respondido a las preguntas planteadas por este periódico.

 

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