Carta de opinión: “De la transparencia en el Consistorio de Priego”

Asunto espinoso donde los haya, la privatización o colaboración del sector privado en los servicios públicos, dejando al margen los servicios puros y los preferentes, siempre suscita controversias por diversos motivos: ideológicos, laborales, económicos…

Partiendo de la base de que los servicios públicos puros (la defensa y seguridad del Estado, la justicia) o preferentes (la sanidad, la educación, las pensiones), no son los más pertinentes de una Administración local, aunque suponen la base del Estado de Bienestar y conociendo casos aberrantes en países donde el negocio se extiende a estos sectores, son otros los que sí conciernen más directamente a una Administración como la mencionada y los que aquí se toman en consideración.

A priori, una colaboración privada o privatización no es ni buena, ni mala y por ende, dependerá del desarrollo de la actividad en cuestión, realizar una evaluación a posteriori. Aún así, hay cuestiones a tener presentes, como son las siguientes:

En primer lugar, la situación de los trabajadores afectados. Es posible que en el servicio a privatizar, o remunicipalizar (que es el caso inverso), exista personal con derechos adquiridos y puedan verse afectados por esta situación, asunto primordial a tratar con esmero y sin la posibilidad de pérdida de derechos en la relación laboral.

En segundo lugar, la liquidez de la Administración. Una privatización supone, de hecho, un desahogo económico en la Administración que la acometa, ya que en vez de pagar sueldos, gastos corrientes, seguridad social, etcétera, en tiempo y en forma, normalmente ésta se traduce en pagos trimestrales a la empresa concesionaria del servicio y por consiguiente los ratios de liquidez mejoran ostensiblemente. Éste es uno de los motivos principales por los que los Ayuntamientos sacan a concurso algunos servicios, sobre todo, aquellos que requieren de inversión en maquinaria y bienes de equipo, como por ejemplo, los servicios de limpieza.

También es una consideración a tener, la de un Ayuntamiento afecto a Planes de choque o Convenios con las Administraciones de mayor rango. En este caso, las condiciones que tiene que soportar un Ayuntamiento para acogerse a estos Planes suelen incluir la imposibilidad de contratar personal, invertir en bienes de equipo o endeudarse más allá de ciertos límites, por lo que una privatización puede sortear estos inconvenientes.

Otra cuestión es la de la organización y gestión de los recursos. Una empresa, como norma general, conoce el sector donde se mueve y es capaz de organizar y gestionar los recursos de un modo tanto o más eficiente que un Ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de servicios sale a concurso público con mucha concurrencia y competitividad de empresas y por tanto el beneficio empresarial suele ser bastante ajustado, por lo que si la empresa no es eficiente, no generará beneficios y estaría condenada a desaparecer.

Bien es cierto que la participación de una empresa en un servicio público podría encarecerlo. La empresa que obtenga el servicio no lo va a hacer sin ánimo de lucro. Ésta tendrá un beneficio empresarial y por consiguiente, el servicio, a igualdad de condiciones, será más caro prestarlo a través de una empresa.

Las motivaciones ideológicas no son ajenas a este tipo de situaciones y aparecerán posiciones a favor y en contra, formadas por unas premisas y unos mantras lanzados interesadamente por las diferentes corrientes políticas, simplificando en exceso este tipo de operaciones. Así, posiciones “progresistas” no entenderán que una empresa pueda aportar experiencia, ordenación de recursos y financiación, por ejemplo, al servicio. Mientras que posiciones “neoliberales” jamás admitirán que una Administración local sea capaz de desarrollar con garantías un proyecto de cierta envergadura y pensará que el mercado es la mejor manera de prestación de servicios.

Como corolario, los argumentos a favor y en contra son múltiples. Y las cosas no son, per se, ni blancas, ni negras. Si la política es el arte de la utilidad, como dijeron Maquiavelo, Stuart Mill o Max Weber, entonces sólo cabe la argumentación, la transparencia, el acuerdo y el “consenso” o compromiso voluntario y vinculante por parte de todos y según el caso.

Los políticos actuales tienden a simplificar en exceso los problemas que nos acucian, informando a sus militantes o seguidores sólo de la parte que defienden y que les interesa a las formaciones, no aportando toda la información con el fin de facilitar el curso y difusión de sus discursos y generar poca resistencia entre sus fieles, cosa que además de no resultar instructiva en lo más mínimo, genera auténticos ignorantes cargados de razón que, como norma general, se equivocan en sus planteamientos excesivamente simplistas.

De todos son conocidos los casos lamentables de corrupción y comisiones ilegales relacionados con los contratos públicos, así como casos de nepotismo y favoritismo en contrataciones públicas por las Administraciones locales. Empero, esto no debe inducir a descartar de antemano una opción u otra, presuponiendo que la opción que se tome sea siempre con el fin de prestar el mejor servicio al menor coste para los ciudadanos. Empero, esto no se contradice con un control por parte de los contribuyentes para que la opción que se tome, se realice con rectitud y corrección y contribuya a una mejor calidad de vida para los vecinos.

Enrique García.
Profesor de Filosofía y vicepresidente de la Plataforma Cívica “Priego vivo”

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