Esto dice el convenio de la residencia sobre la polémica cuestión del mobiliario

Amueblar la residencia de mayores de Priego es clave para poder avanzar hacia su apertura. Pocas empresas están dispuestas a asumir la gestión de este servicio público si también tienen que costear el mobiliario, así que es imprescindible determinar qué institución se comprometió a equipar el edificio, que lleva cerrado desde que se terminó de construir en el año 2010. En juego están 35 puestos de trabajo y 45 plazas para que los más ancianos de Priego y su comarca no tengan que abandonar esta tierra.

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Uno de los pasillos de la residencia, totalmente vacío ante la falta de mobiliario.

El Ayuntamiento lleva más de un año insistiendo en que es la Diputación de Cuenca quien tiene que amueblarla, algo que la institución provincial ha negado durante todo este tiempo. La última vez que se habló de este tema fue en el Pleno del 3 de abril, cuando Las Cuatro Esquinas preguntó al teniente de alcalde si se había producido alguna novedad al respecto. Jesús Valle desveló que había conversado sobre esta cuestión con Francisco Javier Parrilla, diputado del Área de Acción Territorial y Servicios de la Diputación. El teniente de alcalde le leyó el convenio y, al parecer, Parrilla quedó ligeramente convencido de que el mobiliario de la residencia es responsabilidad de la Diputación. También la Junta ha negado en todo momento que sea ella quien tenga que resolver esta situación.

Pero, ¿qué dice exactamente ese convenio en el que se establecen las obligaciones de cada una de las partes implicadas? A falta de conocer si existe alguna modificación posterior del convenio o algún otro documento en el que se hayan especificado nuevas obligaciones (documentación esta que Las Cuatro Esquinas ha intentado solicitar a la Diputación sin haber conseguido respuesta por su parte), este periódico está en disposición de ofrecerles el contenido de dicho convenio.

Los compromisos de la Junta y Diputación

El documento, con fecha del 27 de julio de 2005, viene encabezado por esta introducción: “Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Cuenca para financiar la construcción de tres residencias para personas mayores en las localidades de Beteta, Priego y Cañete de la provincia de Cuenca”. A continuación se especifica quiénes son los firmantes del convenio: Tomás Mañas González, por aquel entonces consejero de Bienestar Social con el PSOE; y Luis Muelas Lozano, presidente de la Diputación, también socialista.

Luego empiezan a desarrollarse todas las estipulaciones acordadas por cada una de las instituciones. La primera de ellas dice así: “El presente convenio tiene por objeto establecer la colaboración para la financiación de los gastos de consultoría y asistencia técnica y ejecución de obras por la Diputación Provincial de Cuenca, para la construcción de tres residencias para personas mayores en las localidades de Beteta, Priego y Cañete, de la provincia de Cuenca y, en su caso, el equipamiento de las mismas“. En este primer párrafo ya se da a entender (y habrá quien piense que queda totalmente claro) que Diputación tiene que financiar el equipamiento de la residencia de Priego, es decir, su mobiliario.

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Fragmento del convenio en el que se recoge la primera estipulación.

Empiezan las dudas

La segunda referencia que se hace a esta cuestión viene recogida dos páginas después, en el apartado de obligaciones. “La Diputación Provincial tiene la obligación de contratar la redacción del proyecto, la Dirección Facultativa, la ejecución de la obra y el equipamiento, en el supuesto que concurran las circunstancias que se determinan en la estipulación segunda apartado 3“. Por lo tanto, nuevamente parece quedar claro que la Diputación tiene que contratar el mobiliario. Sin embargo, esta vez se introduce un matiz algo confuso al decir que la Diputación cumplirá esta obligación “en el supuesto que concurran las circunstancias que se determinan en la estipulación segunda apartado 3”. Esa estipulación establece que “las sumas de los importes de las bajas de adjudicación que pudieran producirse sobre la suma de los presupuestos de licitación, serán destinadas a la adquisición del equipamiento de los centros”. Es decir, que si las obras se adjudicaron a la constructora por menos dinero del que estaba previsto, ese sobrante se utilizará para comprar los muebles.

La tercera estipulación del convenio incide en esta forma de financiar el mobiliario. “Los gastos incluidos en la financiación del presente convenio deberán corresponderse, en su caso, con lo siguientes conceptos: redacción de proyectos de ejecución, estudios geotécnicos, honorarios técnicos por la Dirección de obra, coordinación en materia de seguridad y salud, ejecución de las obras y equipamiento, en el supuesto establecido en la estipulación segunda apartado 3“.

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Fragmento de la quinta estipulación del convenio.

¿Significa esto que la Diputación solo tendría que pagar el mobiliario si se hubiera producido ese excedente en el presupuesto? Las Cuatro Esquinas no puede responder a esta duda, y tampoco el ex presidente de la institución provincial, Luis Muelas, que confiesa a este periódico de no recuerda cuáles fueron los compromisos que firmó. Llegados a este punto resulta necesario conocer si se produjo algún excedente, pero de nuevo es esta una cuestión que tampoco han querido aclarar a este periódico. Y si no sobró dinero para pagar los muebles, ¿acaso no se tendría que haber determinado en el convenio una forma alternativa de financiar el equipamiento? Pues bien, en el documento no se ofrece alternativa posible. Ni la Diputación de Cuenca ni Francisco Javier Parrilla han accedido a entrevistarse con Las Cuatro Esquinas para resolver, por ejemplo, dudas como esta.

Las tres residencias tuvieron un presupuesto inicial de 6.611.133,22 euros. Esa cantidad tenía que repartirse entre la Diputación (que tuvo que aportar 2.644.453) y la Junta (3.966.679 euros). Los Ayuntamientos simplemente facilitaron el terreno. Como era la Diputación quien tenía que contratar la ejecución de la obra, a medida que se colocaban los ladrillos iba pasando las facturas a la Junta para que pagase su parte. Así quedó recogido en el convenio: “Para hacer efectiva la aportación de la Consejería de Bienestar Social, la Diputación Provincial deberá presentar el acta de comprobación de replanteo de la obra, copia de las facturas de los honorarios de los técnicos y las certificaciones de obra ejecutada firmadas por la Dirección Facultativa, aprobadas por la Diputación Provincial, así como un certificado del nivel de ejecución de la obra en cada anualidad. Para el caso del equipamiento, aportarán las facturas de los suministros aprobadas por la Diputación Provincial acompañadas del acta de recepción”. Por lo tanto, nuevamente se hace referencia a que es Diputación quien tiene que encargarse del mobiliario.

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